El acceso de la información pública como derechos de los ciudadanos frente al estado

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El acceso a la información pública como derecho de los ciudadanos frente al Estado hace visible la transparencia que los datos abiertos marcan en el accionar público, desde la perspectiva internacional hacia la puesta en práctica en la Argentina se puede ir trazando la historia para entender hoy como poder ejercerlo.

Como siempre se ha reconocido en todo lo que tiene que ver con la protección de datos personales y el acceso a la información se toman como referencia los antecedentes de la comunidad internacional, la UE y el grupo de trabajo del articulo 29 en su dictamen sobre los datos públicos abiertos nos da un marco de base con la interpretación que debe tomarse en cuenta a la hora de crear y poner en práctica a nivel interno en Argentina el acceso a la información pública,   creando así un marco de transparencia del accionar del sector público para que el ciudadano pueda acceder, tomar conocimiento, participar e intervenir en las actividades que realiza el Estado, en este dictamen se establecieron determinados criterios directrices que son útiles y significativos en la materia:

La reutilización de la información del sector público  puede aportar beneficios que conduzcan a una mayor transparencia. Pero a su vez hay que tener en cuenta que dicha accesibilidad implica ciertos riesgos.  Con el fin de garantizar la protección de la intimidad y de los datos personales, es preciso seguir un enfoque equilibrado y la legislación sobre protección de datos deberá contribuir a orientar el proceso de selección de los datos personales que pueden o no pueden facilitarse para su reutilización y las medidas que deben tomarse para protegerlos.

Independientemente del «principio de reutilización» ya sea  para fines comerciales o no comerciales  puede que la información no siempre sea  adecuada  y contenga datos personales.

Los datos personales pueden considerarse disponibles para su reutilización según las normas previstas que dispongan medidas legales, técnicas o de organización adicionales para proteger a los interesados. Para estos casos, el Grupo de trabajo del artículo 29 remarco la importancia de establecer una base jurídica sólida para la publicación de datos personales, teniendo en cuenta las normas pertinentes de protección de datos, incluidos los principios de proporcionalidad, de minimización de datos y de limitación de la finalidad.

En este contexto,  debe comprenderse que no toda información relativa a una persona física identificada o identificable, ya esté a disposición del público o no, constituye datos personales. Entonces  el acceso y la reutilización de datos personales que se hayan puesto a disposición del público siguen sujetos a la legislación sobre protección de datos aplicable.

Dentro de las recomendaciones del Grupo de trabajo figuran

  • La Protección de la privacidad de los datos personales utilizando las premisas de “privacy by desing” y “privacy be default”;

  • El  sector público deberá realizar una evaluación de impacto de la protección de datos antes de facilitar para su reutilización en caso de contener datos personales la información que se haga pública; también debería realizarse una evaluación de impacto de la protección de datos en situaciones en las que se faciliten para su reutilización grupos de datos anonimizados derivados de datos personales; En los casos que se anonimicen conjuntos de datos, es esencial evaluar el riesgo de reidentificación, y es una buena práctica realizar una prueba de reidentificación;

  • El resultado de la evaluación podría ayudar a identificar mecanismos de resguardo adecuados para reducir al mínimo los riesgo:  que podrían ser medidas técnicas, jurídicas y organizativas tales como condiciones adecuadas para la concesión de licencias y medidas técnicas para evitar la descarga de datos a granel, y técnicas de anonimización adecuadas; también podrá decidirse no publicar los datos ni facilitarlos para su reutilización siempre que exista una normativa vigente que así lo autorice;

  • Para que la información del Sector Publico se pueda reutilizar deberán incluir una cláusula de protección de datos, cuando los datos personales sean objeto de tratamiento, incluso en situaciones en las que grupos de datos anonimizados derivados de datos personales se pongan a disposición para su reutilización;

  • Cuando la evaluación de impacto llegue a la conclusión de que una licencia abierta no es suficiente para hacer frente a los riesgos de protección de datos, los organismos del sector público no deberán facilitar datos personales, pero dicho organismo podrá utilizar su discrecionalidad para considerar la reutilización al margen de los términos y el alcance de su normativa podrá exigir asimismo que los solicitantes demuestren que los riesgos para la protección de los datos personales se abordan de forma adecuada y que el solicitante tratará los datos de conformidad con la legislación aplicable sobre protección de datos. El sector público deberá garantizar que los datos personales serán anonimizados y que las condiciones para la concesión de licencias prohíban específicamente la reidentificación de las personas y la reutilización de los datos personales para fines que puedan afectar a los interesados;
  • Por último, se deberá considerar la creación y el apoyo a redes de conocimientos y centros de excelencia, permitiendo así la puesta en común de buenas prácticas relativas a la anonimización y los datos abiertos.

Desde la sanción de la Ley de Acceso a la Información Publica

En nuestro país  se han creado por la Ley 26899: los  Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto, Propios o Compartidos.

Resumiendo, en dicha norma se prevé que los organismos e instituciones públicas que componen el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), conforme lo prevé la ley 25.467, y que reciben financiamiento del Estado nacional, deberán desarrollar repositorios digitales institucionales de acceso abierto, propios o compartidos, en los que se depositará la producción científico-tecnológica resultante del trabajo, formación y/o proyectos, financiados total o parcialmente con fondos públicos, de sus investigadores, tecnólogos, docentes, becarios de posdoctorado y estudiantes de maestría y doctorado.

La producción científico-tecnológica abarcará al conjunto de documentos (artículos de revistas, trabajos técnico-científicos, tesis académicas, entre otros), que sean resultado de la realización de actividades de investigación. Se deberán establecer políticas para el acceso público a datos primarios de investigación a través de repositorios digitales institucionales de acceso abierto o portales de sistemas nacionales de grandes instrumentos y bases de datos, así como también políticas institucionales para su gestión y preservación a largo plazo.

 Las cuales deberán ser compatibles con las normas de interoperabilidad adoptadas internacionalmente, y garantizarán el libre acceso a sus documentos y datos a través de Internet u otras tecnologías de información que resulten adecuadas a los efectos, facilitando las condiciones necesarias para la protección de los derechos de la institución y del autor sobre la producción científico-tecnológica, esto se halla íntimamente relacionado con la protección al derecho de autor sobre la obra o trabajo científico.

Cabe destacarse que se prevé que podrá excluirse la difusión de los datos primarios o resultados preliminares y/o definitivos de una investigación no publicada ni patentada que deban mantenerse en confidencialidad, requiriéndose a tal fin la debida justificación institucional de los motivos que impidan su difusión. Será potestad de la institución responsable en acuerdo con el investigador o equipo de investigación, establecer la pertinencia del momento en que dicha información deberá darse a conocer.

Se determina el concepto de “metadato” como a toda información descriptiva sobre el contexto, calidad, condición o características de un recurso, dato u objeto, que tiene la finalidad de facilitar su búsqueda, recuperación, autentificación, evaluación, preservación y/o interoperabilidad.

En el marco de la implementación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  el acceso a la información pública  se puso en práctica a través del Decreto 1361/GCBA/07  disponiendo las pautas a las cuales debe ajustarse el trámite de las solicitudes de información, y el Decreto Nº 1360/GCBA/07 aprobatorio del Convenio Marco de Cooperación a celebrarse entre el Gobierno de la Ciudad y todas aquellas organizaciones no gubernamentales que posean departamentos especializados en la materia, a efectos de desarrollar actividades conjuntas para la ejecución de políticas comunes tendientes al mejoramiento del acceso a la información pública.

Los gobernantes deben garantizar el acceso a la información, en forma irrestricta, sólo con los límites impuestos por ley, como mecanismo idóneo para garantizar la transparencia activa propiciando la apertura de información sin necesidad de su requerimiento por un  particular.

Por su parte, la CSJN ha establecido el gobierno abierto judicial  que promueve la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana.

En Datos Abiertos se publica información al alcance de todos, y sus contenidos pueden ser reutilizados y redistribuidos sin restricciones.  La Corte Suprema entiende que la comunicación es una política de Estado y en ese sentido ha puesto en marcha de manera progresiva reformas de fondo en su sistema informativo.

Se ha puesto en práctica  la  CIJ TV como soporte audiovisual para transmitir en vivo juicios orales, audiencias públicas y actos institucionales, pero aquí deberá implementarse alguna política de resguardo de datos personales, más aun en el caso de tratamiento de datos sensibles, o cuando se involucren situaciones de violencia de género, o estén involucrados niñas, niños y adolescentes y se deba resguardar su identidad para garantizar su vida, todo ello deberá ser realizado armonizando las legislaciones.

A nivel nacional la sanción de la ley de acceso a la información es estratégica para la transparencia en la administración pública y a la vez expresa un gesto de voluntad política y referencia para las normativas de las provincias y de los municipios motivándolos para  que adhieran e implementen legislaciones y políticas publicas similares en sus jurisdicciones, para garantizar a sus ciudadanos este derecho.

Un poco de historia

En nuestro país la ley de acceso a la información era una asignatura pendiente post jerarquización de la Convención Americana de Derechos Humanos en el art. 75 inc. 22, hecho que ocurrió en la reforma de 1994,  era un reclamo constante de los ciudadanos para poder acceder y tomar conocimiento de los actos públicos, pero amparados en la inexistencia de la ley solo se materializaban ciertos y determinados accesos a la información pública por aplicación de lo previsto por el decreto 1172/2003 que más que casos particulares de acceso establecía un detallado y minucioso reporte de excepciones y por vía de una interpretación hacia la “protección de datos personales” y la tutela de los “intereses legítimos” de los titulares, cuando se solicitaban los accesos a la información publicas los dictámenes de los organismos asesores indicaban que no podía hacerse pública la información solicitada entonces las ONGs se veían obligadas a realizar los planteos judiciales correspondientes para que sea la Justicia la que ordene poner a disposición de la ciudadanía la información solicitada.

El año pasado se dictó la ley 27275, dando un giro rotundo hacia la apertura de todos los datos públicos, estableciendo que daría un marco de transparencia y control de gestión ciudadana, dando un marco de gratuidad para las solicitudes y estableciendo un procedimiento antiburocrático para poner a disposición del solicitante la información. A su vez, ante la negativa o el silencio sobre el pedido se podrá recurrir tanto en sede administrativa como en sede judicial. Se establece la puesta en práctica y plena vigencia del “principio pro petitor” sobre la plena vigencia del derecho al acceso a la información. En cuanto a las excepciones previstas deberán tener fundamento en las situaciones expresamente previstas por la ley, o en el hecho de que la divulgación de esa información por el interés particular del solicitante sea menor que el interés general de no divulgarla. El plazo previsto para el trámite y puesta a disposición de la información solicitada es no mayor de quince (15) días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros quince (15) días hábiles de mediar circunstancias que hagan razonablemente difícil reunir la información solicitada, el sujeto requerido debe comunicar fehacientemente, por acto fundado y antes del vencimiento del plazo, las razones por las que hace uso de tal prórroga.  También se prevé la creación de la Agencia de Acceso a la Información Pública que funcionara como ente autárquico independiente del Poder Ejecutivo Nacional y su director deberá ser nombrado por concurso publico de antecedentes y oposición durando en el cargo 5 años prorrogable por otros 5, a su vez es obligatorio que los restantes poderes del Estado incluido el Ministerio Publico y el Consejo de la Magistratura creen una agencia de acceso a la información que gozara de autonomía funcional. También se crea   el Consejo Federal para la Transparencia como organismo interjurisdiccional de carácter permanente, que tendrá por objeto la cooperación técnica y la concertación de políticas en materia de transparencia y acceso a la información pública que será compuesto por miembros de cada una de las provincias.

A todo ello viene al caso comentar que  existe un decreto reglamentario de este año el número 79/2017 que modifica los efectos del Decreto 1172/2003, indicando los sujetos obligados agregando la posibilidad de la solicitud de acceso a la información por vía electrónica y las excepciones a la entrega de información pública, señalando que cada organismo deberá designar a un encargado responsable del manejo de las solicitudes de acceso a la información pública.

Hoy por hoy existe el portal de gobierno abierto, lo que muestra claras luces que la voluntad de poner a disposición de la ciudadanía la información pública constituye un presupuesto de la “gobernabilidad de la transparencia”, obviamente, con el tiempo se ira volcando más material en dicho portal y la información quedara disponible para que los ciudadanos puedan acceder a ella sin necesidad de tener que solicitarla.

En cuanto al Decreto reglamentario que es el 206/2017 del 28 de marzo, lo esencial que debe tomarse en cuenta es que entra en vigencia a partir del 29 de septiembre de 2017.

Dentro de sus artículos habla de los formatos digitales abiertos denominando así a todos aquellos que mejor faciliten su utilización, procesamiento y redistribución por parte del solicitante, se prevé la gratuidad de la información solicitada y para los casos en que no se pueda versionar la información de manera electrónica la reproducción de la misma por otros medios: magnéticos, sonoros, visuales, copias simples y los costos de reproducción de la información solicitada correrán por cuenta del solicitante.

En lo que respecta a los casos de información reservada, confidencial o secreta, esta mantendrá dicho estado por 10 años, luego de lo cual deberá volverse a analizar y juzgar la viabilidad de desclasificar dicha información. La información que obre en poder de la Unidad de información Financiera es exceptuada del acceso a la información pública siempre que sea relativa a seguridad, sumarios, supervisión, análisis y asuntos internacionales y las declaraciones juradas de los sujetos obligados por el art. 20 de la ley 25.246 salvo que el propio titular de la información haya prestado consentimiento para su divulgación, o cuando las circunstancias del caso hagan suponer que dicha información estaría sujeta a la publicidad de la actividad estatal. En casos judiciales donde estén involucrados temas de violaciones a derechos humanos, genocidio, o delitos de lesa humanidad no se aplicaran las excepciones a la entrega de la información pública y el sujeto obligado deberá suministrar la información requerida por esa causa.

Sobre los plazos para entregar la información si se hubiera solicitado a un sujeto distinto que el que la tenga, dicha solicitud deberá remitirse en 5 ds. al sujeto obligado.

Una vez presentada la solicitud, el responsable de acceso a la información deberá mediante decisión fundada indicar si se otorga o no la misma, o expresar la prórroga, en dicha decisión también deberá indicarse en caso de negativa cuales son las opciones que tiene el solicitante para impugnar dicha decisión, destacando que no deben agotarse los recursos administrativos, serán delegables las decisiones sobre el acceso a la información pero solo hasta la categoría de Director Nacional, la presentación de un reclamo ante la Agencia de Acceso a la Información interrumpirá el plazo para la acción de amparo. Habrá que esperar entonces para juzgar la implementación de esta normativa que llegue la fecha prevista por el decreto y para ver los efectos y cumplimiento más tiempo aún, pero obviamente es un gran paso hacia la publicidad de los actos de gobierno y más aun de la participación de la ciudadanía en el control de la función pública del Estado.

 

Combate de los Pozos 495, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bs. As., Argentina 

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